Génesis: de febrero al Acuerdo UE-Turquía

Una primera parte de un reportaje posterior, más completo, que pretende explicar qué medidas previas comenzaban a anticipar lo que se concretaría en el acuerdo del 18 de marzo

Finales de abril. De acuerdo con los datos que va actualizando la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 181.673 personas han llegado a Europa este 2016 y 1.261 han muerto o han desaparecido. Sólo en Grecia, son más de 154.000 llegadas. Sin embargo, migrantes y refugiados que pisan suelo Europeo cruzando primero el mar Egeo, situado a menos de 10 quilómetros de Turquía, hace ya dos meses que no pueden avanzar, quedándose estancados en Grecia, ante las fronteras de una República Macedonia – Antigua República Yugoslava de Macedonia – que ha ido restringiendo las entradas al estado y que finalmente las ha detenido. Una actuación respaldada y realizada también por otros estados que, además, ha quedado avalada con el acuerdo de la Unión Europea y Turquía. Un acuerdo a partir del cual el 4 de abril se han iniciado las primeras deportaciones al Estado turco y que ha supuesto una situación de denuncia constante ante la vulneración de los derechos de las personas refugiadas y migrantes económicos.

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Fuente: ACNUR

Pero, ¿qué ha ocurrido antes? ¿En qué consisten exactamente el acuerdo y dichas deportaciones? ¿Cómo, en definitiva, se ha llegado a una situación en la que es Europa, y no otro, el que ha apostado por una medida cuestionable por lo que respecta a los derechos humanos y al Derecho Internacional?

Febrero

Frontex y OTAN mueven ficha

Si bien en diciembre ya se había notificado la intervención de Frontex (Agencias de la Unión Europea, las autoridades fronterizas) en el Egeo, sus actuaciones se hicieron especialmente manifiestas la primera semana de febrero de este año. Durante unos días, en la zona de la isla griega de Lesbos, intensificaron su actividad, interceptando embarcaciones de refugiados y migrantes económicos y subiendo a estas personas a sus propios barcos. Les realizaban un pre-registro a bordo. Los llevaban después a la capital la isla, Mitilini.

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Barco de Frontex en el Mar Egeo / Jaume Martín

Aquel periodo breve pero constante provocó desconcierto entre el colectivo voluntario que, además de desconocer el motivo real por el cual las autoridades fronterizas habían comenzado a realizar el que debería haber sido su trabajo durante los meses anteriores, vivió unos días en que el flujo en general de llegadas se vio reducido. Puede que a la expectativa, por parte de las mafias de la costa turca, de lo que acabara haciendo Frontex.

A finales de semana – viernes y sábado, 5 y 6 de febrero – los campos oficiales de refugiados en Lesbos, Moria, Kara Tepe y Pipka, estaban prácticamente vacíos. Y más aún comparando la situación con los meses, por ejemplo, de septiembre y octubre. “En Pipka no queda casi nadie”, había explicado un voluntario que llevaba días allí.

Sin embargo, el rumbo que aquella primera semana de febrero había tomado, y que causó algunos momentos de tensión con voluntarios y autoridades, terminó de repente. De nuevo, las embarcaciones volvían a llegar a la costa y organizaciones como Lighthouse Relief o Team Platanos retomaban su actividad con más regularidad.

11 de febrero. Medios como el británico The Guardian anunciaban la incorporación inmediata de embarcaciones de la OTAN al Mar Egeo – un total de 3 – para, alegaba la organización supranacional, “impedir el tráfico ilegal de personas”. Colaborarían con Frontex y con las autoridades turcas y griegas. La operación, al limitarse a las aguas territoriales de Turquía, conllevaba que las personas rescatadas de las embarcaciones provistas por las mafias fueran devueltas a Turquía, explicaba el secretario de defensa británico Michael Fallon.

 El NO de algunos estados europeos

Vincent Cochetel, director de ACNUR en Europa, reconoció ese mismo 11 de febrero: “El plan es de reubicar a 160.000 refugiados en un plazo de dos años y por ahora no está funcionando, pero no por esto debemos matarlo. No tenemos un plan B”. Denunció también la insuficiente implicación por una parte de los estados del espacio comunitario, aquellos que prácticamente no están afectados por la llegada de refugiados.

No obstante, tan sólo cuatro días después, Austria anunciaba que restringía sus fronteras, introduciendo en ellas controles en 12 pasos diferentes – levantando vallas – con Italia, Hungría y Eslovenia, informaba El País.

Avanzando en el tiempo, el 21 de febrero, en Twitter ya se anunciaba lo que en los medios de comunicación aparecería un día después: la República de Macedonia impedía a las personas de nacionalidad afgana seguir cruzando a través de su frontera, un colectivo que aún supone casi el 30% de las personas que llegan a Grecia. “Macedonia asegura que tomó la decisión porque Serbia le anunció que no dejaría pasar a los afganos. Serbia, por su parte, culpa a Austria y Eslovenia”, relataba el diario Clarín.

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Las consecuencias de esta medida no tendrían precedentes, pues la decisión de la popularmente conocida como Macedonia supondría para Grecia tener que hacer frente a una cantidad mucho mayor de personas con impedimentos para continuar su camino hacia el norte de Europa. “El aislamiento de Grecia aumenta y el país no tiene medios para atender tal flujo de personas si no consigue evacuarlas hacia el norte”, denunciaba el diario argentino. El 26 de febrero las medidas continuaban, y Eslovenia, Croacia, Serbia y Macedonia limitaban el paso diario de refugiados a 580, restringiendo todavía más la Ruta de los Balcanes. Grecia comenzaba a notar las consecuencias de esas medidas. Y las llegadas se intensificaron comenzando a ver aquello que se avecinaba.

Marzo de los pactos

 El acuerdo UE-Turquía, #Shame_on_you_EU

Marzo, el mes de las decisiones que cambiarían radicalmente el futuro que le esperaba a todo aquel que llegara a Grecia. El mes en que hashtags como #Shame_on_you_EU o #vergUEnza se popularizarían en Twitter.

El mes del conocido pre-acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, el 7 de marzo. Un pre-acuerdo que colectivos de todo tipo – organizaciones humanitarias, periodistas, abogados, etc. – denunciaron por lo que suponía: la vulneración de los derechos de las personas que llegaran. “Aplicar esta medida indiscriminadamente a ‘todos’, sin diferenciar y procurar refugio a los potenciales solicitantes de asilo, supone una vulneración radical y manifiesta del derecho internacional y europeo que obliga a todos los países de la Unión y la Unión misma”, comunicaba en su página la Abogacía Española.

El mes en que se ratificó el conocido pre-acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que pasó a ser el acuerdo oficial del 18 de marzo. Dicho acuerdo establece que todo aquel migrante que llegue de manera irregular a las islas griegas desde Turquía, será retornado a Turquía. Según el comunicado de prensa que emitió el Consejo Europeo ese mismo día, no se llevaría a cabo ninguna expulsión colectiva, por lo que citaba: “Se aplicará en plena conformidad con el Derecho internacional y de la UE”. En un principio dicho mecanismo contemplaba la colaboración de ACNUR que, al iniciarse el proceso, dejó claro, junto con Médicos Sin Fronteras, que no iban a colaborar.

Lo que dice la teoría es algo confuso y traza un proceso innecesario, costoso e ineficiente dada la magnitud de la situación. Se supone que se debe estudiar cada caso de manera individual. Aquellos que no tengan derecho a asilo, que no presenten dicha solicitud o que les sea denegada, serán devueltos a Turquía. Aquellos que hayan conseguido el derecho a asilo (ahora básicamente sirios), tramitado en suelo Europeo, también. Pero con una diferencia, citada en la nota de prensa de la institución europea: “Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas, se reasentará a otro sirio procedente de Turquía en la UE”. Ni afganos, ni iraquíes (que son las otras dos nacionalidades a las que se les concedía el derecho del refugiado). Ni ninguna otra nacionalidad que, aunque minoritarias en cuanto a llegadas, escapan también de conflictos y pobreza. Aquel migrante que no haya intentado entrar previamente de manera ilegal a Europa, tendrá prioridad a la hora de ser reubicado en algún país de la Unión. Muchos condicionantes, mucho papeleo. Se requieren demasiados recursos. Un proceso, además, que tendrá un número máximo de acogidas: 72.000 personas. ¿Y qué gana en esto Turquía? El Estado turco, que la Unión Europea con este acuerdo considera suficientemente seguro, debe tomar medidas para cortar las rutas marítimas – a través del Egeo – o terrestres ilegales y, por lo tanto, tendrá que “hacerse cargo” de todos los refugiados que lleguen al país con intenciones de ir a Europa. Recibe 6000 millones de euros por esta labor. Se le ha duplicado lo prometido en noviembre de 2015.

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